Desde una perspectiva global y atendiendo a su desarrollo de largo plazo, quizás sea una de las medidas de mayor envergadura en las que cabe pensar para resolver el pronunciado desequilibrio regional que desde hace demasiado tiempo afecta las actividades productivas y culturales de nuestro país. Definir un nuevo ordenamiento territorial que apunte a lograr un desarrollo más equilibrado en lo espacial y poblacional, permitirá un vuelco de enorme importancia en la estructura política y económica, hoy anquilosada por una agobiante macrocefalia que se corresponde más con un modelo feudal de gestión que el de una república organizada bajo una forma federal de gobierno.
Y hay montones de razones y argumentos por los cuales sería interesante evaluar y llegado el caso apoyar decididamente un proyecto de estas características, clave para transitar el largo camino que conduce a restablecer el necesario equilibrio entre regiones, provincias y localidades que un país con Constitución Federal demanda. Pero parece inoportuno su planteo en las actuales circunstancias, donde los presupuestos básicos para su consideración se encuentran distantes de su posible encuadre. Llama la atención este aspecto, porque quien visiblemente impulsa el proyecto es uno de los políticos mejor preparados, que no puede ignorar el andamiaje institucional y económico que demanda un emprendimiento de estas características. Ya solo, la decisión explícita de adelantar desde el vamos una nueva localización circunscripta a algunas de las ciudades del llamado ‘Gran Norte’, abre un mar de dudas sobre los fundamentos técnicos que sustentan una propuesta de esta naturaleza.
Trasladar la capital de la república implica un importante reordenamiento del funcionamiento de gran parte de la administración de los tres poderes centrales del estado así como de la estructura económica que hoy lo sostiene. Ello obliga a tratar de manera previa ciertas definiciones de fondo, relativas a lo que sucederá con los pilares sobre los que se intenta edificar esta nueva construcción institucional. Supone además prever una importante asignación de recursos durante varios años para sufragar las inversiones en infraestructura económica y social, necesarias para el funcionamiento de una ciudad capital de cara a las necesidades del siglo XXI. ¿Se encuentra alguna de las ciudades del norte argentino, medianamente preparada y con un mínimo de infraestructura moderna para dar una respuesta adecuada a semejante desafío? Más importante que eso, conviene recordar que el Congreso que el proponente preside, no se ha esmerado demasiado en asignar recursos y medios para el desarrollo de la infraestructura ni su adecuado mantenimiento. Ha convalidado en demasía el incesante aumento del gasto corriente en consumos innecesarios en desmedro de la inversión que el país necesita y de cuya carencia abundan los ejemplos recientes. ¿Podrá modificarse en el corto plazo esta preocupante habitualidad de conducta y comenzar a dar las certezas que un proyecto de esta magnitud requiere? Un examen superficial de lo que ha sido el pasado reciente no parece ofrecer demasiadas garantías que así fuera a suceder. En el mismo orden de ideas, propiciar un cambio de localización de la ciudad capital como bandera de un proyecto abarcador tendiente a establecer un desarrollo regional más armónico y equitativo, demanda como condición previa sustituir el obsoleto esquema de coparticipación por otro donde la mayor parte de los ingresos de las jurisdicciones provenga de ingresos y rentas genuinas generadas y recaudadas en su mismo territorio. Se trata de una transformación que implica un desafío mayúsculo, pero absolutamente necesario si lo que se pretende es el funcionamiento en serio de un país federal. Supone un giro copernicano en la estructura tributaria vigente, donde hoy prima una visión y un proceder absolutamente concentrado y unitario. De no avanzar con estos cambios, ¿de dónde provendrán los recursos de la provincia y el municipio elegido para multiplicar por dos o por tres en un plazo relativamente corto el número de viviendas existentes para alojar a los nuevos habitantes y migrantes que el proyecto trae aparejado?
El gobierno aparece hoy enredado en una madeja anudada por sus propias concepciones desde donde hoy le cuesta encontrar un camino que permita reencontrar un escenario en el cual el ahorro fluya hacia las inversiones en los sectores productivos y en la infraestructura que el país necesita. Sería de gran utilidad que antes de embarcarse en un proyecto que por su complejidad ya en el pasado le ha costado a otros gobiernos remontar el fracaso que implica no poder llevarlo a cabo, se dedicara a revisar los aspectos fundamentales que hacen al ordenamiento institucional, donde todavía abundan las asignaturas pendientes.
Miguel Polanski
Cronista
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