El sistema para calificar a los candidatos para desempeñar la judicatura ha sido siempre un tema complejo. Especialmente si se pretende designar jueces leidos e independientes del poder político.
La disparatada reforma de la Consitución de 1994 creó a tal efecto el Concejo de la Magistratura ( con "c") , al que se le otorgaron tantas facultades que muchas veces entró en colisión con las naturales de superintendencia de la propia Corte.
Lo que se vendió como un razonable sistema de designación, escondía un siniestro mecanismo que permite a los políticos el nombramiento de amigos para cumplir con compromisos políticos e ideológicos ,cuando no sexuales, y asegurarse un manto de impunidad para sus escabrosos haceres.
El lamentable estado del poder judicial por estos días es la prueba más acabada de lo
perverso del sistema incorporado a la Constitución. Además del dispendio de dinero que significa en secretarias, asesores, automóviles, luz, etc..
Todo se trata finalmente de una pulseada política para incorporar como jueces a los favoritos de las circunstanciales mayorías con prescindencia de la aptitud y decencia de los nominados, quedando todos bajo un manto de sospecha..
Recientemente se produjo otro encontronazo con motivo de la selección de - creo - cuatro jueces federales. El gobierno pretendía seleccionar a dos de los cuatro, dejando a los demás sectores del Concejo la selección de los dos restantes. Esto fue rechazado y un representante de los abogados propuso dejarle al gobierno la selección de uno que, según parece, era cuestionado por copiarse en el examen, como una forma de llegar a un acuerdo que destrabara el conflicto. Los representantes del gobierno parece que primero rechazaron esta propuesta pero luego volvieron sobre sus pasos y ellos mismos propusieron esta tesitura. El referido representante de los abogados aceptó por cierto la misma y destrabó la votación. Y se desató una increíble polémica.
Un sector del Concejo recriminó al representante de los abogados que originalmente propuso el acuerdo y a un diputado que lo respaldó. Los acusaron de no responder al mandato que tienen otorgado, de cómplices del gobierno nacional y de pretender favorecer paralelamente al intendente de Buenos Aires.
El acusado se defendió alegando que no podía rechazar lo que él mismo había propuesto. Que se trataba - según él – de mejorar la situación actual al tener tres candidatos decentes y solo un cuarto aparentemente un poquitín adolescente. Que no votar nuevos nombramientos hubiera importado mantener la situación actual – pavorosa por cierto - quedando dos de los juzgados vacantes sujetos a la designación temporal del ejecutivo. Y que esta situación se habría mantenido sine die.
Los impugnantes rechazaron esta argumentación alegando que su misión es la elección de candidatos probos para los cargos en juego y que tal tesitura no admite medias tintas.
Pero también pidieron la renuncia del responsable por responder a intereses inconfesables.
Y el diputado que apoyó – o asesoró – al abogado parece que hasta se quedó sin amigos.
Sin duda que hay una manera más civilizada y sobre todo más interesante de analizar este entuerto. Y hasta podemos recurrir a Max Weber para que nos ayude, partiendo de la base que estamos hablando de un disenso entre gente honorable.
Veamos. El abogado y el diputado a quienes se trata de descalificar sostuvieron su actitud sobre la teoría del mal menor. En su participación en la selección de candidatos a jueces su deber consiste por cierto en buscar la excelencia. Pero cuando resulta imposible arribar a lo buscado, su responsabilidad lo obliga a optar por la solución que asegure una mejora con relación a la situación anterior.
Podemos denominar a esta tesitura ética de la responsabilidad.
Por el contrario, sus detractores no aceptan ningún desvío de la excelencia. Y no es válido buscar caminos alternativos aunque estos sirvan para mejorar la realidad.
Se basan en la ética de los principios.
O sea que en este caso nos encontramos con un dilema ético. Y bienvenida sea esta curiosidad en el país de los barras bravas y de las milanesas para todos.
La disparatada reforma de la Consitución de 1994 creó a tal efecto el Concejo de la Magistratura ( con "c") , al que se le otorgaron tantas facultades que muchas veces entró en colisión con las naturales de superintendencia de la propia Corte.
Lo que se vendió como un razonable sistema de designación, escondía un siniestro mecanismo que permite a los políticos el nombramiento de amigos para cumplir con compromisos políticos e ideológicos ,cuando no sexuales, y asegurarse un manto de impunidad para sus escabrosos haceres.
El lamentable estado del poder judicial por estos días es la prueba más acabada de lo
perverso del sistema incorporado a la Constitución. Además del dispendio de dinero que significa en secretarias, asesores, automóviles, luz, etc..
Todo se trata finalmente de una pulseada política para incorporar como jueces a los favoritos de las circunstanciales mayorías con prescindencia de la aptitud y decencia de los nominados, quedando todos bajo un manto de sospecha..
Recientemente se produjo otro encontronazo con motivo de la selección de - creo - cuatro jueces federales. El gobierno pretendía seleccionar a dos de los cuatro, dejando a los demás sectores del Concejo la selección de los dos restantes. Esto fue rechazado y un representante de los abogados propuso dejarle al gobierno la selección de uno que, según parece, era cuestionado por copiarse en el examen, como una forma de llegar a un acuerdo que destrabara el conflicto. Los representantes del gobierno parece que primero rechazaron esta propuesta pero luego volvieron sobre sus pasos y ellos mismos propusieron esta tesitura. El referido representante de los abogados aceptó por cierto la misma y destrabó la votación. Y se desató una increíble polémica.
Un sector del Concejo recriminó al representante de los abogados que originalmente propuso el acuerdo y a un diputado que lo respaldó. Los acusaron de no responder al mandato que tienen otorgado, de cómplices del gobierno nacional y de pretender favorecer paralelamente al intendente de Buenos Aires.
El acusado se defendió alegando que no podía rechazar lo que él mismo había propuesto. Que se trataba - según él – de mejorar la situación actual al tener tres candidatos decentes y solo un cuarto aparentemente un poquitín adolescente. Que no votar nuevos nombramientos hubiera importado mantener la situación actual – pavorosa por cierto - quedando dos de los juzgados vacantes sujetos a la designación temporal del ejecutivo. Y que esta situación se habría mantenido sine die.
Los impugnantes rechazaron esta argumentación alegando que su misión es la elección de candidatos probos para los cargos en juego y que tal tesitura no admite medias tintas.
Pero también pidieron la renuncia del responsable por responder a intereses inconfesables.
Y el diputado que apoyó – o asesoró – al abogado parece que hasta se quedó sin amigos.
Sin duda que hay una manera más civilizada y sobre todo más interesante de analizar este entuerto. Y hasta podemos recurrir a Max Weber para que nos ayude, partiendo de la base que estamos hablando de un disenso entre gente honorable.
Veamos. El abogado y el diputado a quienes se trata de descalificar sostuvieron su actitud sobre la teoría del mal menor. En su participación en la selección de candidatos a jueces su deber consiste por cierto en buscar la excelencia. Pero cuando resulta imposible arribar a lo buscado, su responsabilidad lo obliga a optar por la solución que asegure una mejora con relación a la situación anterior.
Podemos denominar a esta tesitura ética de la responsabilidad.
Por el contrario, sus detractores no aceptan ningún desvío de la excelencia. Y no es válido buscar caminos alternativos aunque estos sirvan para mejorar la realidad.
Se basan en la ética de los principios.
O sea que en este caso nos encontramos con un dilema ético. Y bienvenida sea esta curiosidad en el país de los barras bravas y de las milanesas para todos.
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