LA CUESTION CAPITAL

En lo que promete ser uno de los años más complicados en los planos político y económico, hizo su reaparición un nuevo intento por instalar en la agenda nacional un proyecto para trasladar la ciudad capital de la República a una localización en algún sitio todavía innominado de una de las provincias del norte argentino.
Desde una perspectiva global y atendiendo a su desarrollo de largo plazo, quizás sea una de las medidas de mayor envergadura en las que cabe pensar para resolver el pronunciado desequilibrio regional que desde hace demasiado tiempo afecta las actividades productivas y culturales de nuestro país. Definir un nuevo ordenamiento territorial que apunte a lograr un desarrollo más equilibrado en lo espacial y poblacional, permitirá un vuelco de enorme importancia en la estructura política y económica, hoy anquilosada por una agobiante macrocefalia que se corresponde más con un modelo feudal de gestión que el de una república organizada bajo una forma federal de gobierno.
Y hay montones de razones y argumentos por los cuales sería interesante evaluar y llegado el caso apoyar decididamente un proyecto de estas características, clave para transitar el largo camino que conduce a restablecer el necesario equilibrio entre regiones, provincias y localidades que un país con Constitución Federal demanda. Pero parece inoportuno su planteo en las actuales circunstancias, donde los presupuestos básicos para su consideración se encuentran distantes de su posible encuadre. Llama la atención este aspecto, porque quien visiblemente impulsa el proyecto es uno de los políticos mejor preparados, que no puede ignorar el andamiaje institucional y económico que demanda un emprendimiento de estas características. Ya solo, la decisión explícita de adelantar desde el vamos una nueva localización circunscripta a algunas de las ciudades del llamado ‘Gran Norte’, abre un mar de dudas sobre los fundamentos técnicos que sustentan una propuesta de esta naturaleza.
Trasladar la capital de la república implica un importante reordenamiento del funcionamiento de gran parte de la administración de los tres poderes centrales del estado así como de la estructura económica que hoy lo sostiene. Ello obliga a tratar de manera previa ciertas definiciones de fondo, relativas a lo que sucederá con los pilares sobre los que se intenta edificar esta nueva construcción institucional. Supone además prever una importante asignación de recursos durante varios años para sufragar las inversiones en infraestructura económica y social, necesarias para el funcionamiento de una ciudad capital de cara a las necesidades del siglo XXI. ¿Se encuentra alguna de las ciudades del norte argentino, medianamente preparada y con un mínimo de infraestructura moderna para dar una respuesta adecuada a semejante desafío? Más importante que eso, conviene recordar que el Congreso que el proponente preside, no se ha esmerado demasiado en asignar recursos y medios para el desarrollo de la infraestructura ni su adecuado mantenimiento. Ha convalidado en demasía el incesante aumento del gasto corriente en consumos innecesarios en desmedro de la inversión que el país necesita y de cuya carencia abundan los ejemplos recientes. ¿Podrá modificarse en el corto plazo esta preocupante habitualidad de conducta y comenzar a dar las certezas que un proyecto de esta magnitud requiere? Un examen superficial de lo que ha sido el pasado reciente no parece ofrecer demasiadas garantías que así fuera a suceder. En el mismo orden de ideas, propiciar un cambio de localización de la ciudad capital como bandera de un proyecto abarcador tendiente a establecer un desarrollo regional más armónico y equitativo, demanda como condición previa sustituir el obsoleto esquema de coparticipación por otro donde la mayor parte de los ingresos de las jurisdicciones provenga de ingresos y rentas genuinas generadas y recaudadas en su mismo territorio. Se trata de una transformación que implica un desafío mayúsculo, pero absolutamente necesario si lo que se pretende es el funcionamiento en serio de un país federal. Supone un giro copernicano en la estructura tributaria vigente, donde hoy prima una visión y un proceder absolutamente concentrado y unitario. De no avanzar con estos cambios, ¿de dónde provendrán los recursos de la provincia y el municipio elegido para multiplicar por dos o por tres en un plazo relativamente corto el número de viviendas existentes para alojar a los nuevos habitantes y migrantes que el proyecto trae aparejado?
El gobierno aparece hoy enredado en una madeja anudada por sus propias concepciones desde donde hoy le cuesta encontrar un camino que permita reencontrar un escenario en el cual el ahorro fluya hacia las inversiones en los sectores productivos y en la infraestructura que el país necesita. Sería de gran utilidad que antes de embarcarse en un proyecto que por su complejidad ya en el pasado le ha costado a otros gobiernos remontar el fracaso que implica no poder llevarlo a cabo, se dedicara a revisar los aspectos fundamentales que hacen al ordenamiento institucional, donde todavía abundan las asignaturas pendientes.

Miguel Polanski
Cronista

UNA UNIVERSIDAD PARA EL SIGLO XXI

 En el mundo, la población estudiantil universitaria aumenta en forma sostenida. Hacia 1970 era de 28 millones en todo el planeta, mientras que ahora supera los 170 millones. En la última década se ha acelerado el crecimiento de esta matrícula, y América latina no es ajena a este crecimiento: desde 1970, la cantidad de estudiantes universitarios se ha multiplicado por doce.

La graduación universitaria abre nuevos horizontes laborales con calificaciones profesionales exigentes, que permiten acceder a mejores empleos. Las oportunidades de desarrollo personal, no sólo las laborales, estarán abiertas a los graduados universitarios bien preparados. A su vez, el incremento en la graduación es indispensable para que una nación enfrente el desafío de la globalización tecnológica y productiva; si no se supera este desafío, se postergará la construcción de un país que eleve las condiciones de vida de la gente en la sociedad del conocimiento del siglo XXI.

Las tasas de graduación universitaria más altas en el mundo corresponden a países desarrollados, donde por lo menos cuatro de cada diez personas en edad para graduarse obtienen un título universitario. La graduación en nuestro país es escasa, a pesar de que son numerosos los estudiantes, lo que configura una anomalía caracterizada por "muchos alumnos y pocos graduados". Nuestra graduación en el nivel terciario apenas llega al 14%, menos que Panamá, Brasil, México, Chile y Cuba. Éste es el siglo de la globalización, pero también el de la universidad, como el XIX fue el de la escuela primaria y el XX, el de la secundaria. Hoy avanzan las naciones capaces de fortalecer los niveles de calificación de sus recursos humanos, y por eso necesitamos más y mejores graduados universitarios. Pero nos estamos quedando atrás.

Nuestra graduación no sólo es escasa. Además, son pocos los graduados en las carreras del futuro, es decir, las científicas y tecnológicas. Respecto del total, esta graduación es en México y Colombia del 26%; en Chile, 24%; El Salvador, 22%, y Panamá, 20%. Pero en nuestro país esta graduación apenas llega al 15% del total. Para formarse un juicio acerca del futuro de una nación es necesario prestar atención a su universidad; aquellas naciones con alta graduación universitaria en las carreras científicas y tecnológicas ocuparán un lugar de relevancia en el escenario mundial durante el siglo XXI.

Tener muchos estudiantes no asegura tener una graduación elevada. Por ejemplo, Brasil, en proporción a su población, tiene menos estudiantes que nosotros, pero sus universidades gradúan más profesionales. ¿Cómo es posible que tengamos más estudiantes, pero menos graduados que Brasil? La explicación es simple: Brasil gradúa la mitad de los alumnos ingresantes y la Argentina apenas gradúa uno de cada cuatro. Claro que no es lo mismo ingresar en la Universidad en Brasil que en la Argentina, ya que en Brasil se exige la aprobación de un examen de ingreso (ENEM).

El último sábado y domingo de octubre fueron distintos para los jóvenes argentinos y brasileños; nada extraordinario sucedió aquí, pero sí en Brasil, donde siete millones de adolescentes tuvieron que rendir examen en 15.000 localidades, cuya aprobación es requisito para ingresar en la universidad. Brasil tiene más graduados universitarios que la Argentina, y no es ajeno a esta diferencia este examen ENEM, que se desarrolló durante diez horas entre el sábado y el domingo. Esta evaluación comprende matemáticas, lengua, redacción, ciencias humanas y de la naturaleza; el año pasado incluso lo rindieron 14.000 presos.

Esto que hace Brasil no es novedad en América latina, ya que también lo hacen países tan distintos como Ecuador, Cuba, Chile y Colombia. En mayo, 100.000 estudiantes rindieron el examen de ingreso a la universidad en Ecuador, implantado recientemente por Correa. Para ingresar a la universidad se requieren 555 puntos, pero para las carreras de Medicina y docencia el puntaje necesario es de más de 800; además, los que superen los 900 puntos gozarán de becas estatales para estudiar en cualquiera de las mejores 50 universidades del mundo. Estos exámenes de ingreso existen desde hace muchas décadas en casi todos los países, desde Francia y Alemania hasta China y Corea. Son mayoría los países con examen de ingreso y muchos graduados universitarios, porque así la mayor parte de los que ingresan a primer año terminan su carrera, mientras que entre nosotros no se gradúan tres de cada cuatro ingresantes.

Un ejemplo de esto es la Universidad Nacional de La Plata, cuya Facultad de Periodismo tiene 47% más alumnos que la de Ciencias Médicas; sin embargo, ésta tiene anualmente 56% más de graduados. La explicación es simple: las exigencias en el ingreso generan altas cifras para la graduación en Ciencias Médicas, y lo contrario ocurre en Periodismo, donde, paradójicamente, hay más alumnos, pero menos graduados. Lo mismo ocurre cuando se compara la graduación de médicos en las facultades estatales. Así es como la Facultad de Medicina de la UBA tiene el doble de estudiantes que las facultades de Tucumán, La Plata, Córdoba y Cuyo. Sin embargo, estas cuatro facultades estatales con examen de ingreso anualmente tienen, con apenas la mitad de los alumnos, más médicos graduados que la UBA. Por esto es difícil de entender por qué la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados propicia una ley que, en su artículo 4°, establece: "Todas las personas que aprueben la Educación Secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza en el Nivel de Educación Superior"; es decir, prohíben lo que se hace en todo el mundo que progresa. No se entiende esta vocación legislativa por ir a contramano de la tendencia universal por una mejor preparación de los adolescentes.

Las naciones que lideran el crecimiento económico procuran aumentar el ingreso a la universidad, pero no piensan en bajar el nivel de exigencias académicas. Por el contrario, apuntan a incrementar la matrícula universitaria a partir de un proceso de mejora de la calidad de la enseñanza secundaria, estableciendo rigurosos criterios para ingresar en la universidad. Cada vez habrá más estudiantes universitarios, lo cual es positivo, pero es crucial asegurar que ellos ingresen en la universidad bien preparados. Las naciones exitosas se preocupan por garantizar un alto nivel en la calidad de su enseñanza universitaria y procuran además que sean cada vez más los ingresantes provenientes de sectores socialmente postergados.

¿Quién se preocupa más por el futuro laboral de los jóvenes? ¿Aquellos países que promueven el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes secundarios para poder ingresar en la Universidad, o las naciones donde la principal preocupación del último año secundario es, con frecuencia, el viaje de egresados? El principal beneficiado por el examen de ingreso es el propio alumno, ya que este requisito lo estimula a estudiar mientras aún está en la escuela secundaria; el estudio metódico, con dedicación continua y disciplina en la escuela secundaria facilita la posterior adquisición de los conocimientos universitarios para afrontar el gran desafío laboral del globalizado siglo XXI.

La experiencia universal dice que el examen de ingreso fortalece el proceso educativo, especialmente en los decisivos últimos años del ciclo secundario. Es hora de mirar al futuro. Y por eso necesitamos una nueva política para fortalecer la graduación universitaria.

Alieto Guadagni
LA NACION