LA NACION SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Estaba
ante nuestros ojos, a la luz del día, y la vida seguía como si nada. Él hacía
lo suyo y todos callaban. Por indiferencia, por miedo, por complicidad. Las
alternativas de la detención de Juan Pablo "el Pata" Medina, un reality que se prolongó durante
todo el martes, mostró hasta qué punto el comportamiento mafioso y la impunidad
se han convertido aquí en parte del paisaje, en una fatalidad con la que, con
mayor o menor grado de resignación, convivimos desde hace décadas. ¿Cuántos
Medina hay en el país? ¿Cuántos, como él, han usurpado cargos en forma
vitalicia para enriquecerse junto a sus familias y amigos gracias al manejo
oscuro de cajas pródigas y de extorsiones, coimas y delitos varios? La pregunta
no es ociosa, porque la suma de todos los Medina y de todas las agachadas ha
consolidado el sistema que convirtió a la Argentina en un país inviable.
La bravuconada del
líder sindical de la Uocra platense ante la inminencia de su arresto parece
escrita por un guionista de cuño shakespeariano: "Si quieren a «el Pata»
preso, vengan. Les vamos a prender fuego a la provincia". El uso de la
tercera persona revela su megalomanía. El hombre no cabe en sí mismo y se mira
desde arriba, como si fuera una figura para el bronce. Tal vez lo era en su
feudo. En el desafío del "vengan" se reflejan los métodos patoteros y
violentos con los que estos personajes se han hecho fuertes. Por último, la
amenaza de prender fuego a la provincia pone en claro sus prioridades. Primero
él y segundo, también. Todo lo que viene después tributa a su grandeza,
incluida la provincia. Habría que informarle que ya la incendió a fuego lento,
junto a todos los que, como él, les roban a los trabajadores y los pobres que
dicen defender.
Fueron tantos los
años de abuso e impunidad que los sindicalistas como Medina se creen
intocables. Se saben parte de un sistema aceitado en el que también medran y
transan funcionarios, políticos, empresarios y jueces. Son el fruto rancio de
un corporativismo fraguado al calor del fascismo europeo, que contó en su momento
con la bendición de una Iglesia que, preocupada por su rebaño, miró con buenos
ojos los caudillismos paternalistas y la idea de una sociedad organizada. Media
década más tarde queda a la vista el orden conseguido. Arriba, una casta
oligárquica beneficiada por el control de un sistema corrupto. Abajo, los
corderos que con su esfuerzo y sus impuestos hacen el gasto para sostener las
quintas, las Hilux, los viajes a Miami y las cuentas en el exterior de los
privilegiados. Al margen, excluido, queda el 30% del país al que ese
corporativismo nacido a mediados del siglo pasado iba a sacar de la
postergación y la pobreza. Lo hizo en parte en sus primeros tiempos, pero entró
pronto en una pendiente de degradación hasta llegar a este presente de rasgos
patéticos. El caso Medina es sólo un ejemplo.
El sistema se
incubó y se consolidó sobre todo a través del peronismo, al que casi le aseguró
la hegemonía en el poder, pero hoy lo trasciende. En medio de la actual
dispersión del PJ en el llano, su prioridad es sobrevivir. Tal como lo
describió Carlos Pagni esta semana, ya son muchos los sindicalistas vitalicios
que arriman el bochín a un Macri fortalecido por el resultado de las PASO y una
economía que empieza a mostrar signos vitales. Así las cosas, no parece
descabellado imaginar a un presidente que enfrenta una disyuntiva crucial:
¿avanza sobre las mafias para sanear el país o aprovecha esos entramados de
poder oscuro en su propio beneficio? La respuesta a esa hipotética encrucijada
quizá dependa de la forma en que Macri interprete el mandato del voto que lo
depositó en el gobierno. A fin de cuentas, es el presidente quien decide a
quién representa.
El Gobierno parece haber optado por la primera de las alternativas y, en la
medida en que se hace más fuerte, avanza. Hace bien. Porque lo que podría
beneficiarlo en el corto plazo lo llevaría a la ruina más pronto que tarde,
junto con el país entero. Los datos resultan elocuentes: según un informe del
municipio, "el Pata" Medina impidió en los últimos cuatro años la
construcción de más de 600 edificios en la ciudad de La Plata, lo que supone
resignar más de 31.000 millones de pesos por año y una pérdida de 18.600
puestos de trabajo, y todo porque los empresarios se negaban a darle su tajada.
Defender a los trabajadores de sindicalistas así tendría un efecto
multiplicador en la economía. Sucedió en la actividad portuaria tras la
detención de "el Caballo" Suárez. Bienvenidas las inversiones. Pero
no nos engañemos: la verdadera reactivación del país, en todos los órdenes,
está en desarticular las mafias enquistadas a lo largo y ancho del territorio.
